En nombre de las emergencias, se pone en peligro la transparencia del Estado

Elena Toledo
Eléutera, Honduras

En el análisis de medidas del mes de febrero vemos la permanencia de las restricciones a la movilidad y suspensión de garantías constitucionales a los ciudadanos con el fin, aduce el gobierno, de cuidar la salud y prevenir el incremento sostenido de contagios de COVID-19, sin embargo, esta medida no es acompañada de resultados que comprueben su efectividad, ni hay una justificación que de pauta a la población del por qué se implementa de la forma que se hace.

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Por otro lado, vemos dos medidas implementadas en nombre de dos emergencias, la primera es justificada por la coyuntura de los huracanes Eta e Iota, el pasado mes de noviembre y la devastación que causaron al dejar sin casa a decenas de miles de familias, y la segunda la adquisición de vacunas contra el COVID-19.

En ambas medidas se cuestiona la transparencia con el que actuará el Estado, tanto en la adjudicación de contratos y compra de viviendas en el primer caso, como en la compra directa de vacunas en el caso de la emergencia sanitaria.

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Las emergencias de cualquier índole son una especie de tormenta perfecta para los gobiernos y la aprobación de compras o la adjudicación de contratos, por lo que son momentos en los que la sociedad civil, y ciudadanos en general, debemos actuar con mente fría y ver más allá de lo inmediato para poder evaluar la amenaza a la institucionalidad y al erario público que pueden significar estas medidas que se basan en la necesidad de los grupos vulnerables.